Cuantos Articulos Tiene La Constitucion Del Peru De 1993

Cuantos Articulos Tiene La Constitucion Del Peru De 1993
Contenido. Consta de 206 artículos, 26 capítulos y 16 disposiciones finales y transitorias, ordenados en 6 títulos, así como un preámbulo y una declaración.

¿Cuántos artículos tiene la Constitución del 93 del Perú?

Ratificada en el referéndum del 31 de octubre de 1993. Promulgada por Alberto Fujimori Fujimori, presidente Constitucional de la República. Contiene: 206 artículos, 16 disposiciones finales y transitorias y 2 disposiciones transitorias especiales. Vigencia: 29-12-1993 a la actualidad.

¿Cuántos articulos tiene la Constitución del 79 Perú?

Estructura – Consta de 307 artículos, ordenados en 8 títulos con sus respectivos capítulos, además de un preámbulo.

Preámbulo. Título I: Deberes y derechos fundamentales de la persona.

Capítulo I: De la persona. Capítulo II: De la familia. Capítulo III: De la seguridad social, salud y bienestar. Capítulo IV: De la educación, la ciencia y la cultura. Capítulo V: Del trabajo. Capítulo VI: De la función pública. Capítulo VII: De los derechos políticos. Capítulo VIII: De los deberes.

Título II: De la Nación y el Estado.

Capítulo I: Del Estado. Capítulo II: De la nacionalidad. Capítulo III: Del territorio. Capítulo IV: De la integración. Capítulo V: De los tratados.

Título III: Del régimen económico.

Capítulo I: Principios generales. Capítulo II: De los recursos naturales. Capítulo III: De la propiedad. Capítulo IV: De la empresa. Capítulo V: De la hacienda pública. Capítulo VI: De la moneda y la banca. Capítulo VII: Del régimen agrario. Capítulo VIII: De las comunidades campesinas y nativas.

Título IV: De la estructura del Estado.

Capítulo I: Poder Legislativo. Capítulo II: De función legislativa. Capítulo III: De la formación y promulgación de las leyes Capítulo IV: Del presupuesto y la cuenta general. Capítulo V: Poder Ejecutivo. Capítulo VI: Del Consejo de Ministros. Capítulo VII: De las relaciones con el poder legislativo. Capítulo VIII: Del régimen de excepción. Capítulo IX: Poder Judicial. Capítulo X: Del Consejo Nacional de la Magistratura. Capítulo XI: Del Ministerio Público. Capítulo XII: De la descentralización, gobiernos locales y regionales. Capítulo XIII: De la defensa nacional y del orden interno. Capítulo XIV: Del Jurado Nacional de Elecciones.

Título V: Garantías Constitucionales. Título VI: Reforma de la Constitución. Título VII: Disposición final. Título VIII: Disposiciones generales y transitorias.

¿Cómo se llama el artículo 93?

ARTICULO 93. Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohiben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno.

¿Qué significa el artículo 93?

El Juez, en todo caso, determinará la contribución de cada progenitor para satisfacer los alimentos y adoptará las medidas convenientes para asegurar la efectividad y acomodación de las prestaciones a las circunstancias económicas y necesidades de los hijos en cada momento.

Código Civil

LIBRO I. DE LAS PERSONAS

Título IV: Del matrimonio

Capítulo IX : De los efectos comunes a la nulidad, separación y divorcio

Artículo 90 Artículo 91 Artículo 92 Artículo 93 Artículo 94 Artículo 94 bis Artículo 95 Artículo 96 Artículo 97 Artículo 98 Artículo 99 Artículo 100 Artículo 101

¿Cuál es el artículo 94?

Última actualización: 30 de junio de 2023 – (Diario Oficial No.52.418 – 6 de junio de 2023) Derechos de autor reservados – Prohibida su reproduccin

Anterior | Siguiente ARTICULO 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente.

  • El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica.
  • La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos.

Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. ARTICULO 68. Los particulares podrán fundar establecimientos educativos. La ley establecerá las condiciones para su creación y gestión. La comunidad educativa participará en la dirección de las instituciones de educación. La enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica.

  • La Ley garantiza la profesionalización y dignificación de la actividad docente.
  • Los padres de familia tendrán derecho de escoger el tipo de educación para sus hijos menores.
  • En los establecimientos del Estado ninguna persona podrá ser obligada a recibir educación religiosa.
  • Las integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a una formación que respete y desarrolle su identidad cultural.

La erradicación del analfabetismo y la educación de personas con limitaciones físicas o mentales, o con capacidades excepcionales, son obligaciones especiales del Estado. ARTICULO 69. Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley. La ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado. El Estado fortalecerá la investigación científica en las universidades oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo. ARTICULO 70. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional. ARTICULO 71. La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los planes de desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en general, a la cultura. El Estado creará incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan estas actividades. ARTICULO 72. El patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado. El patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional, pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles. La ley establecerá los mecanismos para readquirirlos cuando se encuentren en manos de particulares y reglamentará los derechos especiales que pudieran tener los grupos étnicos asentados en territorios de riqueza arqueológica. ARTICULO 73. La actividad periodística gozará de protección para garantizar su libertad e independencia profesional. ARTICULO 74. Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley. El secreto profesional es inviolable. ARTICULO 75. El espectro electromagnético es un bien público inenajenable e imprescriptible sujeto a la gestión y control del Estado. Se garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso a su uso en los términos que fije la ley. Para garantizar el pluralismo informativo y la competencia, el Estado intervendrá por mandato de la ley para evitar las prácticas monopolísticas en el uso del espectro electromagnético. ARTICULO 76. Artículo derogado por el artículo 1 del Acto Legislativo 2 de 2011 > ARTICULO 77. Artículo modificado por el artículo 2 del Acto Legislativo 2 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> El Congreso de la República expedirá la ley que fijará la política en materia de televisión. CAPITULO 3. DE LOS DERECHOS COLECTIVOS Y DEL AMBIENTE ARTICULO 78. La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su comercialización. Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios. ARTICULO 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. ARTICULO 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. ARTICULO 81. Queda prohibida la fabricación, importación, posesión y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, así como la introducción al territorio nacional de residuos nucleares y desechos tóxicos. El Estado regulará el ingreso al país y la salida de él de los recursos genéticos, y su utilización, de acuerdo con el interés nacional. ARTICULO 82. Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular. Las entidades públicas participarán en la plusvalía que genere su acción urbanística y regularán la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés común. ARTICULO 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas. ARTICULO 84. Cuando un derecho o una actividad hayan sido reglamentados de manera general, las autoridades públicas no podrán establecer ni exigir permisos, licencias o requisitos adicionales para su ejercicio. ARTICULO 85. Son de aplicación inmediata los derechos consagrados en los artículos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 37 y 40, ARTICULO 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.

  • La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo.
  • El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
  • Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
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En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución. La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión. ARTICULO 87. Toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o un acto administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido. ARTICULO 88. La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella. ARTICULO 89. Además de los consagrados en los artículos anteriores, la ley establecerá los demás recursos, las acciones, y los procedimientos necesarios para que puedan propugnar por la integridad del orden jurídico, y por la protección de sus derechos individuales, de grupo o colectivos, frente a la acción u omisión de las autoridades públicas. ARTICULO 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste. ARTICULO 91. En caso de infracción manifiesta de un precepto constitucional en detrimento de alguna persona, el mandato superior no exime de responsabilidad al agente que lo ejecuta. Los militares en servicio quedan exceptuados de esta disposición. Respecto de ellos, la responsabilidad recaerá únicamente en el superior que da la orden. ARTICULO 92. Cualquier persona natural o jurídica podrá solicitar de la autoridad competente la aplicación de las sanciones penales o disciplinarias derivadas de la conducta de las autoridades públicas. ARTICULO 93. Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia.1 del Acto Legislativo No.2 de 2001. El nuevo texto es el siguiente:> El Estado Colombiano puede reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en los términos previstos en el Estatuto de Roma adoptado el 17 de julio de 1998 por la Conferencia de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas y, consecuentemente, ratificar este tratado de conformidad con el procedimiento establecido en esta Constitución. La admisión de un tratamiento diferente en materias sustanciales por parte del Estatuto de Roma con respecto a las garantías contenidas en la Constitución tendrá efectos exclusivamente dentro del ámbito de la materia regulada en él. ARTICULO 94. La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos. CAPITULO 5. DE LOS DEBERES Y OBLIGACIONES ARTICULO 95. La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades. Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes.

  1. Son deberes de la persona y del ciudadano: 1.
  2. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios; 2.
  3. Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas; 3.
  4. Respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas para mantener la independencia y la integridad nacionales.4.
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Defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica; 5. Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país; 6. Propender al logro y mantenimiento de la paz; 7. Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia; 8. ARTICULO 96. Artículo modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo No.1 de 2002. El nuevo texto es el siguiente:> Son nacionales colombianos: 1. Por nacimiento: a) Los naturales de Colombia, que con una de dos condiciones: que el padre o la madre hayan sido naturales o nacionales colombianos o que, siendo hijos de extranjeros, alguno de sus padres estuviere domiciliado en la República en el momento del nacimiento y; b) Los hijos de padre o madre colombianos que hubieren nacido en tierra extranjera y luego se domiciliaren en territorio colombiano o registraren en una oficina consular de la República.2. Por adopción: a) Los extranjeros que soliciten y obtengan carta de naturalización, de acuerdo con la ley, la cual establecerá los casos en los cuales se pierde la nacionalidad colombiana por adopción; b) Los Latinoamericanos y del Caribe por nacimiento domiciliados en Colombia, que con autorización del Gobierno y de acuerdo con la ley y el principio de reciprocidad, pidan ser inscritos como colombianos ante la municipalidad donde se establecieren, y; c) Los miembros de los pueblos indígenas que comparten territorios fronterizos, con aplicación del principio de reciprocidad según tratados públicos. Ningún colombiano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad. La calidad de nacional colombiano no se pierde por el hecho de adquirir otra nacionalidad. Los nacionales por adopción no estarán obligados a renunciar a su nacionalidad de origen o adopción. Quienes hayan renunciado a la nacionalidad colombiana podrán recobrarla con arreglo a la ley. Anterior | Siguiente Disposiciones analizadas por Avance Jurídico Casa Editorial Ltda. “Leyes desde 1992 – Vigencia Expresa y Sentencias de Constitucionalidad” ISSN Última actualización: 30 de junio de 2023 – (Diario Oficial No.52.418 – 6 de junio de 2023) Las notas de vigencia, concordancias, notas del editor, forma de presentacin y disposicin de la compilacin estn protegidas por las normas sobre derecho de autor.

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¿Qué es el artículo 87?

Es obligación del patrón pagar el aguinaldo a los trabajadores cada año antes del día veinte de diciembre, de conformidad con el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo. – LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO ESTABLECE EN EL ARTÍCULO 87.- Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día veinte de diciembre, equivalente a quince días de salario, por lo menos.

Los que no hayan cumplido el año de servicios, independientemente de que se encuentren laborando o no en la fecha de liquidación del aguinaldo, tendrán derecho a que se les pague la parte proporcional del mismo, conforme al tiempo que hubieren trabajado, cualquiera que fuere éste.2. El pago de aguinaldo les corresponde a todos los trabajadores, de base, de confianza, de planta, sindicalizados, por obra o tiempo determinado, eventuales, comisionistas, agentes de comercio, de seguro, vendedores y otros semejantes que se rijan por la Ley Federal del Trabajo.

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET), brinda asesoría y representación en caso de incumplimiento del patrón con el pago del aguinaldo.

Vía telefónica al 59 98 2000 o al 018009117877, 018007172942. En el correo electrónico [email protected] De manera presencial en Doctor José María Vértiz, número 211, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P.06720, Ciudad de México y en las 47 representaciones distribuidas en las entidades federativas, las cuales encontrarás en las siguientes ubicaciones:

: El Aguinaldo en México. °1 Parte

¿Qué nos dice el artículo 86?

Artículo 86.- El cargo de Presidente de la República sólo es renunciable por causa grave, que calificará el Congreso de la Unión, ante el que se presentará la renuncia.

¿Qué nos dice el artículo 83?

Art.83 de la Constitución Nacional: Un proyecto observado por el Poder Ejecutivo, retorna con sus objeciones a la Cámara de Origen y luego a la Cámara Revisora. Ambas vuelven a debatirlo, y si con 2/3 de votos confirman la sanción originaria, el proyecto es ley y el Poder Ejecutivo debe promulgarlo como tal.

¿Qué quiere decir el artículo 83 de la Constitución?

Destacado Cuantos Articulos Tiene La Constitucion Del Peru De 1993 Foto de: https://medium.com/@ElDiariodeCCS/la-oscuridad-se-adue%C3%B1%C3%B3-del-hospital-psiqui%C3%A1trico-de-caracas-4002da211342 Eglé Iturbe de Blanco | 25 de marzo de 2020 La pandemia del Coronavirus (COVID-19) ha puesto en evidencia el crítico estado de las políticas de salud, del desmantelamiento de los establecimientos dedicados a la atención de la salud en todas sus modalidades y de la progresiva privatización de un servicio que debería ser garantizado por el Estado, de acuerdo con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), la cual señala en tres de sus artículos del Capítulo V, De los derechos sociales y de las familias, lo siguiente: Artículo 83″: La salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida,

El Estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios. Todas las personas tienen derecho a la protección de la salud, así como el deber de participar activamente en su promoción y defensa, y el de cumplir con las medidas sanitarias y de saneamiento que establezca la ley, de conformidad con los tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por la República “.

Artículo 84 ” Para garantizar el derecho a la salud, el Estado creará, ejercerá la rectoría y gestionará un sistema público nacional de salud, de carácter interinstitucional, descentralizado y participativo, integrado por el sistema de seguridad social, regido por los principios de gratuidad, universalidad, integralidad, equidad, integración social y solidaridad.

  • El sistema público nacional de salud dará prioridad a la promoción de la salud y a la prevención de las enfermedades, garantizando tratamiento oportuno y rehabilitación de calidad,
  • Los bienes y servicios públicos de salud son propiedad del Estado y no podrán ser privatizados.
  • La comunidad organizada tiene el derecho y el deber de participar en la toma de decisiones sobre la planificación, ejecución y control de la política específica en las instituciones públicas de salud “.
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Artículo 85 ” El financiamiento del sistema público nacional de salud es obligación del Estado, que integrará los recursos fiscales con las cotizaciones obligatorias de la seguridad social y cualquier fuente de financiamiento que determine la ley. El estado garantizará un presupuesto para la salud que permita cumplir con los objetivos de la política sanitaria,

  1. En coordinación con las universidades y los centros de investigación, se promoverá y desarrollará una política nacional de formación de profesionales, técnicos y técnicas y una industria nacional para producción de insumos para la salud.
  2. El Estado regulará las instituciones públicas y privadas de salud “.

Queda claro, al leer lo establecido en la CRBV, que la mayoría de los enunciados y obligaciones previstas en la misma (subrayado personal) no se cumplen y no es del caso incidir en lo que ya es de conocimiento público, como se han abandonado los hospitales y la atención ambulatoria sustituyéndola por la Misión Barrio Adentro, a la cual se orientaron los mayores recursos del sector.

  1. Las instituciones de salud se encuentran con escasez de agua (78%), medicinas (80%) y material para dar atención rutinaria y no de emergencias (49%).
  2. Ya hemos oído por boca de los responsables de algunos de los 46 hospitales designados como centros centinelas para atender la emergencia derivada de los casos que se presenten de Coronavirus (COVID-19) que no están equipados con suficientes recursos materiales y profesionales para atender el número de casos que se presenten.

De manera insólita la respuesta del gobierno ha sido de represión a las personas que han manifestado esta preocupación y la censura contra los medios de comunicación y trabajadores de la prensa. La política de salud y seguridad social es responsabilidad institucional del Poder Ejecutivo, a través de la Vicepresidencia de Socialismo Social y Territorial, la cual es responsable de coordinar y supervisar los ministerios sociales; entre ellos, los ministerios de Salud y de Proceso Social del Trabajo.

Estas instituciones responsables de la planificación, diseño, organización, ejecución y control de las políticas de salud y seguridad social y de la supervisión y control de los entes a ellos adscritos, no han estado en capacidad de definir la política de salud dentro de una visión de continuidad y de largo plazo.

Para colmo la descentralización que debe privar en el manejo cotidiano de los entes prestadores de la salud se ha revertido, tanto, que hasta la dotación de medicamentos, equipos, vehículos y todo lo necesario para el funcionamiento adecuado de los centros de salud depende del gobierno central aunque en cada estado existe un organismo responsable de la misma, por cierto con estructuras jurídicas diferentes.

A manera de ejemplo, en algunos estados se les denomina Direcciones Estadales (14), Institutos autónomos (3), Corporaciones de Salud (3), Secretarías de salud (2), Fundaciones (1) y Autoridades únicas de salud (2). Todo esto hace más difícil el manejo del tema en las regiones. En los últimos 20 años se han nombrado 17 ministros de Salud y 14 ministros de Proceso Social del Trabajo (ministerio del cual depende el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales).

En el caso de la Vicepresidencia de Socialismo Social y Territorial, los ministros de salud y de Proceso Social del Trabajo tienen un tiempo promedio en el cargo que oscila entre un año y año y medio en ambos casos, lo cual no permite que se diseñen políticas de largo plazo porque cada funcionario que asume el cargo máximo, cambia casi todo su tren directivo.

  • Si revisamos la situación hasta diciembre del 2019, encontramos que hay 9 viceministros y 69 directores generales, de los cuáles el 65,2% tiene dos años en el cargo y solo el 34,8%, tiene entre 3 y 4 años en funciones.
  • Ningún directivo ha sido nombrado antes del 2016.
  • Esta alta rotación de los directores generales sustantivos y de las oficinas ministeriales se refleja hacia abajo porque el personal de línea se siente desmotivado con tantos cambios frecuentes donde cada uno que llega quiere implantar nuevas ideas sin continuidad y las políticas públicas se estancan.

En términos de remuneración, este ministerio es de los que presenta una situación difícil por los bajos niveles de remuneración en relación con su compromiso y dedicación y por esa razón muchos médicos,,enfermeras y otros profesionales que laboraban para el sector público han formado parte de la diáspora que ahora ayuda con sus conocimientos a otros países.

  • El Coronavirus (COVID-19) ha encontrado a una Venezuela en desventaja desde el punto de vista de personal especializado, equipos e infraestructura, así como de escasez de medicinas y otros elementos necesarios para el combate de esta pandemia.
  • No se conocen los tres últimos presupuestos de ingresos y gastos del Gobierno nacional, dado que los Proyectos de Ley referidos a este importante tema fueron consignados ilegalmente ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y no ante la Asamblea Nacional, como corresponde por mandato constitucional, en consecuencia, no puede hablarse con propiedad de la evolución del gasto en salud.

No obstante, para el 2017 al ministerio de Salud se le asignó el 6,64% de los gastos presupuestados para ese año con lo cual habría de cubrir las remuneraciones de 130.186 funcionarios que representaban el 7,62% de los funcionarios de la administración central y además los demás gastos del propio ministerio La remuneración promedio para ese ministerio para ese año estaba prevista en 308.733 BF/año, es decir 20.582 BF/mes.

calculados sobre 15 meses. No se dispone de las cifras actuales, pero basta observar las constantes quejas, reclamos y protestas de los distintos grupos de salud para saber que su insatisfacción es real y que seguramente se encuentran por debajo de las remuneraciones promedio del sector público central y que están siendo golpeados como todos los venezolanos por la hiperinflación.

Las estadísticas de personas que fallecen o no son atendidas en los hospitales es muy alta por el déficit de materiales, camas disponibles, medicinas y falta de profesionales, uno de los casos más dramáticos es el de los pacientes infantiles del Hospital J.M.

  1. De los Ríos, ubicado en Caracas, y los pacientes que requieren medicamentos de alta factura porque padecen de cáncer, HIV o necesitan ser dializados.
  2. Esta situación es lo que llamo “la privatización de la salud” porque el paciente debe llevar todo lo necesario para poder ser atendido.
  3. Si esta situación es cotidiana, qué puede esperarse para circunstancias extraordinarias como la actual.

A partir de este momento sería imprescindible que se destinen más recursos a este sector para atender: a) Los reclamos legítimos de los profesionales del área, b) Que se revise la estructura institucional del sector para darle más estabilidad a los niveles directivos y técnicos de modo que se puedan formular políticas de largo plazo, c) Darle más autonomía a las organizaciones regionales favoreciendo la descentralización efectiva, d) Que se pongan en servicio más camas de las hoy abandonadas y e) Que se haga un gran esfuerzo para capacitar profesionales en todos los aspectos necesarios para honrar progresivamente los postulados de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

¿Cuál es el artículo 79?

‘ARTICULO 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.